¿Está China preparándose para una guerra inminente con una nueva ley de movilización? Aproximadamente una semana antes de que la ley entre en vigor el 1 de octubre, el coronel Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa, afirmó que la ley no debe vincularse con los acontecimientos en Taiwán ni con un posible conflicto. El portavoz rechazó esa vinculación. Al señalar que el cambio pretende adaptarse a los tiempos, el portavoz añadió que China se mantiene fiel a su principio de “defensa activa”, que se remonta a la época de Mao y que prevé no responder a menos que se sufra un ataque.
La ley, aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y firmada por el presidente Xi Jinping en agosto de 2026, amplía los poderes para el uso y la requisa de bienes civiles y privados en períodos de crisis. Los poderes se amplían en este período. Los sectores cuya contribución a la movilización se hace obligatoria en el marco de la “integración militar-civil” son los siguientes: – Ciberseguridad – Inteligencia artificial – Comunicaciones – Procesamiento de datos – Informática
La ley amplía el alcance de la movilización. El cambio más importante es la ampliación de las justificaciones de la movilización para incluir también los “intereses del desarrollo nacional”; los observadores consideran que esto podría utilizarse en Taiwán y en el mar de la China Meridional. La ley forma parte del proceso de “securitización integral” de la era Xi. Según las estimaciones de Estados Unidos, la probabilidad de que Pekín recurra a la fuerza contra Taiwán antes de 2028 ha disminuido. Pekín había creado la Comisión Central de Seguridad Nacional en 2014.
Por qué es importante
El efecto principal de la ley radica en su capacidad de poner al servicio del Estado, en períodos de crisis, los sectores tecnológicos civiles que van desde la ciberseguridad hasta la inteligencia artificial; esto crea un nuevo marco de riesgo para las empresas que operan en China y para las cadenas de suministro tecnológicas mundiales. La incorporación de los intereses del desarrollo nacional a las justificaciones de la movilización significa que el mecanismo puede activarse no solo ante una amenaza de guerra, sino también por motivos económicos, lo que desdibuja los límites prácticos de la ley. A pesar de que Pekín rechaza la vinculación con Taiwán, las sospechas de los observadores muestran que la línea de tensión en la región se amplía no solo en el terreno militar, sino también en el jurídico. Que Pekín amplíe su infraestructura de movilización en el mismo período en que Estados Unidos considera reducida la probabilidad de un uso de la fuerza antes de 2028 deja abierta la cuestión de cómo relacionar los análisis con los preparativos sobre el terreno.