Se subraya que la lucha contra el terrorismo en Turquía no se limita únicamente a las organizaciones armadas y que quienes ejercen la autoridad estatal al margen de la ley también pueden causar graves daños a las instituciones. La ineficacia ocasional de los mecanismos de control dificultó el esclarecimiento de los casos sin resolver, las desapariciones, los asesinatos y los atentados ocurridos en la historia reciente.
Se anunció que, durante el mandato del ministro de Justicia Akın Gürlek, se resolvieron 6 asesinatos sin esclarecer tras reabrirse expedientes que no habían dado resultados y que, posteriormente, las investigaciones se ampliaron y permitieron esclarecer muchos otros casos. Sin embargo, se señala que lo determinante no son las cifras, sino hasta quiénes llegan las investigaciones, en qué pruebas se basan y cómo concluirán los procesos judiciales.
Aunque se afirma que estos acontecimientos podrían hacer tambalear la idea de que «si alguien es poderoso, no le pasará nada», se recuerda el mensaje de la operación Manos Limpias en Italia: «Nadie debe ser intocable ante la ley». Se señala que las investigaciones no deben convertirse en una revancha política y que la justicia debe atender a los hechos y a las pruebas, en lugar de al cargo o la identidad. Se sostiene que la confianza en el Estado de derecho se consolidará cuando también la oposición pueda aceptar que la justicia funciona cuando le afecta, y que la ciudadanía espera que incluso las personas poderosas rindan cuentas. Se defiende que la confianza social no puede garantizarse únicamente con la captura de terroristas.
Por qué es importante
Este marco aborda la resolución de los casos sin esclarecer no solo como un éxito de las investigaciones penales, sino también como una prueba del control institucional frente al uso de la autoridad estatal al margen de la ley. Que el proceso genere confianza depende menos del número de casos resueltos que de que las investigaciones se basen en los hechos y las pruebas, sin distinciones por cargo o identidad, y de cómo concluyan ante la justicia. Por ello, estos avances también interesan a los ciudadanos que se preguntan por qué los mecanismos de control fueron ineficaces en el pasado. Las principales cuestiones pendientes son hasta quiénes llegarán las investigaciones, qué pruebas se utilizarán y si podrá evitarse que el proceso proyecte una imagen de revancha política. La confianza en el Estado de derecho exige no solo que las personas poderosas puedan rendir cuentas, sino también que se acepte que los mismos criterios son válidos en los procedimientos dirigidos contra la oposición.