La nueva doctrina de seguridad y la reforma policial en Perú, junto con la nueva arquitectura de seguridad respaldada por el ejército del gobierno de Keiko Fujimori, han dividido a la sociedad en dos. Las reacciones están claramente polarizadas.
La gran mayoría de la población, agobiada por la ola de crimen organizado y las extorsiones a los comerciantes, respalda los poderes extraordinarios otorgados a la policía y al ejército. Los robos a mano armada y los asesinatos en el transporte público también forman parte de este panorama. El Estado hizo sentir su peso. La entrada de vehículos blindados en los barrios y las redadas contra las bandas son bien recibidas por la población, que las interpreta como una señal de que el Estado por fin hace sentir su peso.
En cambio, los intelectuales de clase media y la juventud universitaria ven el modelo con escepticismo. Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos adoptan la misma actitud. Este sector recuerda el pasado. Al recordar los traumas de la era del “papá Fujimori”, este sector considera la fusión entre la policía y el ejército y la reducción de los espacios de derechos como un presagio de autoritarismo, y sostiene que la seguridad no puede alcanzarse sacrificando la libertad.
El país se ha dividido en dos bandos. Mientras persiste esta división entre los pragmáticos partidarios de la seguridad y los defensores de los derechos y las libertades, la verdadera prueba del gobierno de Fujimori será si logra convertir el apoyo actual en un consenso social duradero.
Por qué es importante
El panorama en Perú muestra que el apoyo social al endurecimiento en la lucha contra el crimen organizado es amplio pero frágil. Mientras los sectores que son víctimas directas de la extorsión y los ataques armados ven las facultades extraordinarias como un alivio, la posibilidad de que estas facultades se vuelvan permanentes es la principal fuente de preocupación para la clase media, la juventud universitaria y los defensores de derechos. En el trasfondo de la división subyace la memoria de la era del “papá Fujimori”; las generaciones que cargan con el trauma del pasado y aquellas para las que pesa más la preocupación por la seguridad miran la misma realidad desde lugares diferentes. Por eso el debate no es en realidad una preferencia policial, sino un ajuste de cuentas sobre los límites de la democracia. La pregunta que queda abierta es si las facultades ampliadas se revertirán cuando la ola de delincuencia retroceda y cómo se protegerá el control civil.
Contexto
Perú no es un nombre nuevo en el archivo de FikirPilot: en los últimos 90 días publicamos una noticia en la que aparece este nombre; ese artículo tiene fecha del 10 de octubre de 2026.