El gobernador de Texas, Greg Abbott, congeló el gasto estatal destinado a las cámaras de reconocimiento de matrículas (ALPR) con inteligencia artificial de Flock. La decisión se produjo justo antes de la publicación de una investigación de Texas Tribune que reveló que el estado había gastado más de 30 millones de dólares en estos sistemas. Esta fuente se financió en gran medida mediante una tarifa de 1 dólar añadida a las pólizas de seguro con el objetivo de combatir el robo de convertidores catalíticos.
Los sistemas de Flock reciben críticas de ambos lados del espectro político debido a las preocupaciones sobre la privacidad y los casos de uso indebido. En Texas, funcionarios fueron suspendidos o acusados en al menos seis incidentes. La empresa también es criticada por el intercambio de datos, la instalación de algunas cámaras cerca de parques infantiles, el acceso de los empleados a las imágenes, las transmisiones de vídeo no protegidas y los intentos de evitar la transparencia.
Los municipios, entre ellos muchas ciudades de Texas, están cancelando los contratos. Gina Hinojosa criticó su uso, mientras que Keith Self defendió la protección de los derechos amparados por la Cuarta Enmienda. También llama la atención el apoyo en internet a las personas que retiran las cámaras.
Por qué es importante
La decisión muestra que la infraestructura de reconocimiento de matrículas financiada con recursos públicos no se evalúa únicamente con fines de seguridad, sino que los criterios de privacidad y supervisión también han pasado al centro del debate político. El hecho de que el recargo añadido a las pólizas de seguro financie en gran medida estos sistemas vincula el debate no tanto a la elección tecnológica como a las preguntas sobre cómo se utiliza ese importe y cómo se vela por el interés público. Las objeciones procedentes de distintos sectores políticos y la cancelación de los contratos por parte de los municipios ponen de manifiesto que la cuestión no se limita a la postura de un solo partido o institución. En cambio, tras los casos de suspensión y acusación, sigue siendo una cuestión abierta determinar con qué normas se supervisarán el acceso a las imágenes, el intercambio de datos y las decisiones sobre la instalación.