La Fiscalía Jefe de la República de Silivri concluyó los trámites en la gendarmería de los nueve sospechosos detenidos en el marco de la investigación que reabrió sobre la muerte en prisión, el 12 de noviembre de 2011, de Kaşif Kozinoğlu, exfuncionario de MİT. Los sospechosos —uno periodista, uno camarógrafo y siete trabajadores sanitarios— fueron enviados al juzgado. La Fiscalía remitió al juez al periodista Selahattin Günday, acusado de “revelar información y documentos relacionados con actividades de inteligencia” y de “obtener o difundir datos personales de manera ilícita”, y a dos técnicos de emergencias médicas, acusados de “homicidio intencional”, solicitando su ingreso en prisión preventiva. Selahattin Günday y los dos ATT fueron encarcelados, mientras que seis personas, entre ellas el camarógrafo İdris Tiftikçi, fueron puestas en libertad bajo control judicial. El abogado de Günday, Hüseyin Ersöz, sostuvo que su cliente fue encarcelado basándose en el artículo 27 de la Ley de MİT, que no estaba vigente en aquel momento y que fue modificado en 2014, por haber informado sobre las imágenes de Kozinoğlu cuando fue trasladado al Palacio de Justicia de Beşiktaş en 2011. Ersöz anunció que recurrirán las decisiones.
Por qué es importante
La reapertura de la investigación demuestra que la muerte ocurrida en prisión en 2011 está siendo examinada no solo desde el punto de vista de las prácticas médicas, sino también en relación con la difusión de imágenes e información sobre el caso. El hecho de que, en el mismo expediente y dentro del mismo proceso, se hayan formulado acusaciones tanto por homicidio intencional como por divulgación de información de inteligencia y obtención ilegal de datos personales revela que la investigación aborda conjuntamente distintos ámbitos de responsabilidad. La alegación de que la acusación contra el periodista se basa en una ley modificada en 2014 y que, según se señala, no estaba vigente en la fecha de los hechos plantea un debate fundamental sobre la aplicación temporal del derecho penal y los límites de la actividad periodística. Los recursos que se presenten contra las decisiones de detención y de control judicial dejan abierta la cuestión de cómo se evaluarán estos fundamentos jurídicos y las pruebas de la investigación.