El primer juicio del caso relativo a la muerte de la profesora Ayla Kara y 9 estudiantes en el ataque armado perpetrado el 15 de abril por el estudiante İsa Aras Mersinli en la Escuela Secundaria Ayser Çalık de Kahramanmaraş comenzó en el Tribunal Penal Superior n.º 3 de Kahramanmaraş.
Se presentó una acusación contra el padre del atacante, Uğur Mersinli, por los delitos de «homicidio con dolo eventual» y «contravención de la Ley n.º 6136», y contra su madre, Peyman Pınar Mersinli, por «causar la muerte y lesiones por negligencia consciente». Se espera que los acusados presten declaración desde las prisiones a través de SEGBİS. La Fiscalía solicitó para Uğur Mersinli 10 penas de cadena perpetua y hasta 30 años de prisión, y para Peyman Pınar Mersinli una pena de hasta 22,5 años de prisión.
Özcan Kara, abogado de Ayla Kara, señaló como parte de las negligencias de la familia la presencia en el domicilio de pistolas con 7 cargadores cargados y 2 escopetas de caza, así como el hecho de que llevaran al menor a disparar en un campo de tiro. El juicio se celebra a puerta cerrada para la prensa debido a la insuficiencia física de la sala.
Por qué es importante
El caso plantea cómo se evaluará la responsabilidad penal de los padres por la tenencia de armas en el domicilio y el acceso del menor a ellas. Las diferentes acusaciones dirigidas contra la madre y el padre muestran que la Fiscalía ha establecido el vínculo entre el grado de negligencia y las consecuencias de muerte y lesiones mediante criterios jurídicos distintos. La forma en que el tribunal evaluará las pistolas con cargadores cargados, las escopetas de caza y la experiencia en el campo de tiro en relación con el riesgo previsible constituye uno de los principales problemas jurídicos del caso. La gravedad de las penas solicitadas pone de manifiesto las consecuencias directas que tendrá la sentencia para los familiares de las personas fallecidas. El cierre del juicio a la prensa debido a la insuficiencia física de la sala limita que la opinión pública pueda seguir directamente el proceso y deja abierta la cuestión de cómo se garantizará la transparencia durante el mismo.