Los enfrentamientos entre el Gobierno central de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) se reanudaron el miércoles. Estos acontecimientos aumentaron la preocupación de que se repita la guerra en la que murieron aproximadamente 600 mil personas entre 2020 y 2022. Los enfrentamientos se produjeron dos días después de la creación de una alianza militar integrada por siete fuerzas, cuyo objetivo es derrocar al Gobierno del primer ministro Abiy Ahmed.
El TPLF tomó el control de algunos aeropuertos, incluido el aeropuerto de Mekelle, mientras combatía contra el ejército federal y la Fuerza de Paz de Tigray en las regiones de Tigray y Afar; testigos presenciales informaron de que las fuerzas controlaban algunas posiciones avanzadas en Afar. Getachew Reda condenó los ataques y anunció que se habían suspendido los vuelos. Mientras el Gobierno federal aún no ha emitido una declaración, la administración de Tigray anunció que había ordenado enfrentamientos defensivos tras la “ocupación y el ataque” del ejército federal.
El TPLF acusó a la Unión Africana (AfB) por la aplicación del Acuerdo de Paz de Pretoria. Por su parte, el presidente de la Comisión de la AfB, Mahmud Ali Yusuf, pidió que se redujeran los enfrentamientos. El TPLF sostuvo que la declaración de la AfB respaldaba el relato de Addis Ababa.
Por qué es importante
El nuevo conflicto se perfila como un punto de inflexión que demuestra que la tensión armada en Tigray no llegó a su fin de manera permanente con el Acuerdo de Paz de Pretoria. El hecho de que la alianza integrada por siete fuerzas tenga como objetivo al Gobierno del primer ministro Abiy Ahmed pone de manifiesto que la cuestión ha dejado de ser únicamente una disputa entre Tigray y la administración federal y que ha aumentado la presión militar sobre el Gobierno central. La suspensión de los vuelos y el cambio de manos del control de algunos aeropuertos indican que los acontecimientos también tienen consecuencias para el transporte regional y la movilidad de la población civil. Mientras el Gobierno federal aún no ha emitido una declaración, quedan abiertas las preguntas sobre cómo se evaluarán los ataques y mediante qué mecanismo se aplicará el acuerdo de paz, mientras que las acusaciones entre el TPLF y la Unión Africana (AfB) ponen en tela de juicio la credibilidad de la mediación.