Singapur está dispuesto a considerar la castración química para combatir los delitos sexuales si existen pruebas de su eficacia. El ministro del Interior, K Shanmugam, declaró en el Parlamento que están abiertos a los tratamientos farmacológicos antiandrogénicos, pero que las pruebas actuales no ofrecen resultados concluyentes sobre su eficacia. Shanmugam respondió a la pregunta de si se revisarían las penas y señaló que el Gobierno considera graves los delitos sexuales. Según The Straits Times, en los primeros 6 meses de 2026 se denunciaron 762 casos de acoso y 261 violaciones. La supresión química consiste en administrar mediante inyecciones o pastillas medicamentos que reducen los andrógenos y otras hormonas sexuales para disminuir la excitación sexual. Se aplica de forma voluntaria en Alemania y Dinamarca, y de manera obligatoria a algunos delincuentes en Polonia. Los controles podrían ampliarse a las profesiones que implican contacto con niños. Los controles actuales abarcan a los trabajadores de mezquitas, profesores de religión, trabajadores de escuelas y centros preescolares, así como a entrenadores registrados. El sistema, que entró en vigor en julio, tiene como objetivo a los delincuentes violentos y a las personas con alto riesgo de reincidencia. La violación de un menor de 14 años se castiga con una pena obligatoria de hasta 20 años de prisión; las demás agresiones sexuales se castigan con hasta 5 años de prisión, una multa y azotes.
Por qué es importante
Este debate muestra que la respuesta de Singapur a los delitos sexuales se evaluará no solo por la severidad de las penas, sino también por la eficacia demostrada de las intervenciones médicas. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes sobre su eficacia deja abierta la cuestión de qué criterios científicos se tomarían como referencia si se adoptara la práctica. El hecho de que se aplique de forma voluntaria u obligatoria en distintos países podría exigir a Singapur tomar además una decisión sobre el alcance del método y sobre quiénes estarían sujetos a él. La ampliación de los controles en las profesiones que implican contacto con niños, por su parte, desplaza el debate de la mera sanción de los delincuentes hacia los límites de la evaluación de riesgos y de los controles en la contratación. Por ello, este avance afecta tanto a las políticas penales como a los sistemas de control vigentes en los grupos profesionales pertinentes.